El nuevo proyecto sobre la regulación del estado de excepción en Bolivia (que fue aprobada por el Parlamento) establece en el Artículo 7 que la declaración de Estado de Excepción por parte del Órgano Ejecutivo no podrá en ningún caso suspender los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, prohibición de esclavitud y servidumbre, libertad de conciencia y religión, protección a la familia, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos políticos, entre otros.
Establece también que cuando un derecho o una garantía sean limitados o reglamentados por el estado de excepción, esta medida no podrá afectar “al núcleo esencial de tales derechos y libertades”, motivo por el cual el decreto de declaración de la norma debe expresar los motivos por los cuales se impone cada una de las limitaciones de los derechos o garantías.
Señala que el incumplimiento del estado de excepción ocasionará una multa pecuniaria que no podrá exceder del 10% del Salario Mínimo Nacional o del ingreso del infractor. Queda prohibida sanción que implique restricción a la libertad o privación del acceso a los servicios básicos, bancarios, carburantes, alimentación o los servicios de salud.
Este, ha sido cuestionado por el Gobierno boliviano, y es por eso que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, remitiéndolo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El argumento fue que se está restringiendo el trabajo de las fuerzas del orden. El ministro de Defensa indicó: «El MAS impulsa una nueva ley que va en contra de la Constitución, una ley que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden salir a las calles a defender el orden y pacificar el país, en suma el MAS está en el camino de la violencia, y al estarlo, está perjudicando la salud».
«Vamos a frenar la ley del MAS en el Tribunal Constitucional», añadió.
El ministro de Gobierno, Arturo Morillo, hizo un llamado a las autoridades para llegar a un acuerdo.
