A fin de que la prestación de los servicios públicos no se vea interrumpida durante el proceso de transferencia de gestión de las autoridades regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo efectúa acciones de supervisión.
Estas comprenden reuniones con la Contraloría General para recibir información sobre la implementación de los procesos de transferencia, a fin de constatar que estos podrán desarrollarse de manera exitosa, informó la referida dependencia.
Dichas acciones tienen por objetivo preservar el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía evitando malas prácticas. Estas se plasmaron anteriormente en incumplimiento de obligaciones en lo referente a servicios de limpieza, de recojo de residuos sólidos y de seguridad ciudadana.
La labor de supervisión se enmarca en lo establecido en la directiva ‘Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión”, de aplicación para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, el cual cuenta con un aplicativo informático.
Asimismo, la Defensoría busca garantizar el seguimiento que se hará al cronograma de capacitaciones a las autoridades regionales y locales salientes para la implementación del referido aplicativo.
La jefa de Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, Yolanda Falcón, explicó que este fue habilitado el 14 de setiembre, el mismo permite que la rendición de cuentas y la transferencia de gestión sean de acceso público.
Rendición de cuentas y transferencia
Falcón informó que en la víspera se realizó una reunión con la Contraloría en la que se presentó el modelo oficial de rendición de cuentas y transferencia de gestión, las etapas del proceso de rendición de cuentas por cese en el cargo y el proceso de transferencia de gestión, así como el cronograma de capacitaciones que se iniciará el 19 de setiembre.
“Resulta de suma urgencia que la nueva directiva y el aplicativo informático sean difundidos de manera masiva para su uso entre la ciudadanía, a fin de asegurar que los procesos de transferencia se desarrollen acorde a las necesidades de la población”, expresó la representante de la Defensoría.
A partir del 1 de enero del 2023, las autoridades regionales y municipales elegidas en los comicios del 2 de octubre de este año, asumirán sus funciones.
