Nueva política del DOJ: Ciudadanía en riesgo para naturalizados con antecedentes
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha comenzado a priorizar de forma agresiva los casos de revocación de ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados, especialmente si han cometido ciertos delitos antes o después de obtener la ciudadanía. Esta nueva directriz fue oficializada mediante un memorando interno publicado el 11 de junio, el cual otorga mayor libertad a los fiscales federales para presentar casos de desnaturalización civil.
Según datos oficiales de 2023, en el país viven cerca de 25 millones de ciudadanos naturalizados, quienes podrían ser vulnerables si se les relaciona con crímenes como fraude, violaciones a la seguridad nacional o incluso haber mentido en sus solicitudes de naturalización.
Caso de veterano británico marca el inicio de la ofensiva contra naturalizados
Uno de los primeros casos en aplicarse esta medida fue el de Elliott Duke, veterano del Ejército de EE.UU. y originario del Reino Unido, a quien se le revocó la ciudadanía tras ser condenado por distribuir material de abuso sexual infantil. Duke, quien usaba los pronombres they/them, admitió haber cometido estos actos antes de nacionalizarse y no los declaró en su trámite migratorio.
Aunque su historia es grave, expertos advierten que sienta un peligroso precedente para otros inmigrantes naturalizados que podrían ser despojados de su nacionalidad, incluso décadas después de haberla obtenido legalmente.
Desnaturalización civil: sin abogado y con menos derechos
A diferencia de los procesos penales, la nueva estrategia del DOJ se basará en juicios civiles, donde los acusados no tienen derecho a un abogado pagado por el Estado y el gobierno necesita menos pruebas para conseguir una sentencia. Para Cassandra Robertson, profesora de derecho en Case Western Reserve University, este modelo representa una amenaza directa a la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza el debido proceso.
“Este tipo de procedimientos puede dejar apátridas a personas que pensaban que eran ciudadanos legítimos de EE.UU.”, advirtió.
Opiniones divididas: ¿protección nacional o ataque a los inmigrantes?
Mientras que organizaciones como el Immigration Legal Resource Center alertan sobre la creación de una “ciudadanía de segunda clase” para quienes nacieron fuera del país, sectores conservadores aplauden la medida. Hans von Spakovsky, del grupo Heritage Foundation, declaró: “Cualquiera que haya abusado del privilegio de ser ciudadano estadounidense debe perderlo”.
Asimismo, el DOJ ha ampliado el rango de delitos que podrían llevar a la desnaturalización, incluyendo fraudes contra programas federales como Medicare, Medicaid y préstamos del Paycheck Protection Program (PPP).
Impacto en familias inmigrantes y preocupación por menores
Steve Lubet, profesor emérito de la Facultad de Derecho de Northwestern, expresó inquietud sobre el futuro de los hijos de personas desnaturalizadas. “Podríamos estar hablando de niños que, sin haber hecho nada mal, de pronto pierdan su nacionalidad porque su padre fue desnaturalizado”, explicó.
Por ahora, el DOJ no ha respondido cómo manejará casos en los que los afectados queden legalmente apátridas.
Desnaturalización: una práctica que revive fantasmas del pasado
La política de desnaturalización fue utilizada intensamente durante la era McCarthy en los años 40 y 50, cuando se procesaban hasta 22 mil casos por año. Tras un fallo de la Corte Suprema en 1967, que la consideró antidemocrática, esta práctica casi desapareció… hasta que volvió durante el gobierno de Obama, bajo el programa Operation Janus, y fue ampliada por Trump en su primer mandato.
Ahora, con su regreso a la Casa Blanca, Trump impulsa nuevamente esta herramienta legal como parte de su ofensiva para rediseñar el sistema migratorio del país.
¿Una ciudadanía que se puede perder?
Laura Bingham, del Instituto para la Innovación Legal de la Universidad de Temple, advierte que esta política abre la puerta a una peligrosa “pendiente resbaladiza”: “La ciudadanía no debe ser algo que el gobierno pueda cuestionar una y otra vez”, dijo.
Mientras tanto, Duke, ahora sin ciudadanía británica ni estadounidense, permanece encarcelado y sin patria reconocida. “Mi corazón se rompió al leer la sentencia. Mi mundo colapsó”, declaró al medio NPR.
