El gobernador Ron DeSantis promulgó una nueva y controvertida ley de inmigración que refuerza la colaboración entre el estado y el gobierno federal para la detención de personas en situación migratoria irregular. La medida llega tras semanas de tensiones con legisladores republicanos, quienes inicialmente rechazaron su propuesta original, lo que incluso derivó en amenazas de muerte contra algunos de ellos.
Ley migratoria en Florida: deportaciones y sanciones más severas
La ley, firmada en una conferencia de prensa, no otorga a DeSantis el control absoluto sobre la aplicación de normas migratorias, como inicialmente pretendía. En su lugar, crea la Junta Estatal de Aplicación de Inmigración, compuesta por el gobernador, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado. Todas las decisiones de este organismo requerirán un voto unánime.
El debate sobre la ley comenzó cuando DeSantis convocó una sesión legislativa especial para abordar la inmigración. Sin embargo, cuando los republicanos de Florida se opusieron a su propuesta original, surgieron divisiones dentro del partido. «Hemos visto los aspectos más oscuros de la política, incluyendo amenazas de muerte de trolls en línea», declaró el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez.
La ley asigna $298 millones para su implementación, incluyendo la construcción de una «estación de interdicción» en el norte de Florida y la entrega de bonos de $1,000 a oficiales que participen en arrestos de inmigrantes en situación irregular. Además, impone multas de $5,000 y suspensión del cargo a funcionarios locales que no cumplan con las detenciones migratorias ordenadas por el gobierno federal. Otra medida polémica de la ley es la eliminación de la matrícula estatal para más de 6,500 estudiantes indocumentados, un beneficio aprobado en 2014 con apoyo bipartidista.
Impacto en los inmigrantes: estudiantes y trabajadores bajo amenaza
Jeremy Redfern, portavoz de DeSantis, defendió la legislación argumentando que expande el programa de transporte de inmigrantes, permitiendo a Florida deportar a extranjeros en situación irregular en lugar de enviarlos a ciudades santuario. «Para que este programa funcione, deberemos coordinar con la administración Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)», afirmó.
En los últimos años, DeSantis ha impulsado medidas migratorias estrictas, incluyendo el traslado de migrantes desde Texas a otros estados, como en 2022 cuando envío a 49 personas a Martha’s Vineyard. Su propuesta original incluía una partida de $350 millones para expandir estos operativos, pero fue rechazada por los republicanos en la legislatura.
El senador estatal Jason Pizzo, del Partido Demócrata, criticó la ley argumentando que no refuerza el sistema de verificación E-Verify, obligatorio para empresas con más de 25 empleados. «Si no se hace nada respecto a E-Verify, no se está abordando seriamente la inmigración ilegal», sostuvo.
El expresidente Donald Trump no ha emitido comentarios sobre la legislación, pero el senador republicano Joe Gruters, principal promotor del proyecto, aseguró que fue diseñada con su aporte y servirá como modelo para otros estados.
Con esta medida, Florida refuerza su postura contra la inmigración irregular, alineándose con la agenda de seguridad fronteriza impulsada por Trump. No obstante, el impacto de la eliminación de beneficios estudiantiles y la nueva estructura de aplicación de la ley podría generar nuevas controversias en los próximos meses.
