La Comisión Permanente del Congreso aplazó hasta el viernes, a las 09:00 horas, la sesión de la Comisión Permanente para evaluar el informe que recomienda la acusación constitucional por enriquecimiento ilícito contra el congresista Edgar Alarcón (UPP), en su condición de excontralor.
La presidenta del Congreso y de la Comisión Permanente, Mirtha Vásquez, dijo que se toma esta decisión en consulta con los integrantes de la Mesa Directiva, para garantizar el derecho a la defensa del referido parlamentario, que alegó no haber sido notificado en forma adecuada.
“Aunque cuando la Mesa Directiva considera que ha sido debidamente notificado para asumir su defensa, se le da notificado en este acto y se convoca para este viernes, a las 09:00 horas, a la audiencia para continuar con la sesión”, señaló la titular del Congreso.
Alarcón se presentó casi al final de la sesión de la Comisión Permanente para señalar que, en este caso, que lo implica en su condición de excontralor, había consignado el domicilio legal y dirección de correo electrónico personal tanto de él como de su abogados para ser notificado.
“La notificación llegó a la Comisión Fiscalización y ha sido devuelto por el asesor principal porque no es el medio, eso estoy reclamo, que se me comunique de manera adecuada, tengo preparado todo para asumir mi defensa, cuando se me indique estaré ahí”, refirió.
Al iniciarse la discusión de esta denuncia constitucional, la presidenta del Congreso dio cuenta a la comisión que se había recibido una carta de Alarcón alegando no haber sido notificado en forma adecuada y pedía ser convocado para asumir su defensa.
Se informó que la notificación para esta sesión había sido enviada al despacho parlamentario de Alarcón por los canales oficiales por los cuales ya habían enviada una primera notificación convocándolo a una sesión que el parlamentario pidió suspender para una nueva fecha.
Tras esta precisión, se exhortó a Alarcón a asumir su defensa y no perturbar el funcionamiento de la comisión y se escuchó la sustentación de la denuncia constitucional a cargo de la congresista Felicita Tocto, quien recomienda acusar constitucionalmente a referido parlamentario por el delito contra la administración pública- enriquecimiento ilícito agravado en agravio del Estado.
