Estado de emergencia en Lima y Callao: nuevo enfoque de seguridad del Gobierno de José Jerí
El presidente José Jerí anunció que el estado de emergencia en Lima y Callao entra en vigencia desde las 00:00 horas, por un periodo de 30 días, según el decreto supremo publicado en una edición extraordinaria de El Peruano.
Durante un mensaje de apenas 45 segundos, el mandatario aseguró que el país “pasa de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen”, destacando que el objetivo es recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, expresó antes de cerrar con un firme “¡Viva el Perú!”.
Contexto de la medida de emergencia en Lima y Callao
En medio de una ola delictiva que ha generado alarma en la capital y el primer puerto, el Gobierno de José Jerí decidió activar un plan integral de seguridad nacional. A través de un decreto supremo publicado en El Peruano, el Ejecutivo dispuso la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, sin aplicar toque de queda.
La norma establece un nuevo enfoque de seguridad ciudadana con la participación directa de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y diversas instituciones del Estado, bajo una estructura coordinada que abarca control penitenciario, fiscalización de telecomunicaciones, patrullaje militar-policial y medidas contra mercados ilegales.
A continuación, los detalles del decreto.
Creación del Comité de Inteligencia para coordinar acciones conjuntas
El decreto dispone la creación del Comité de Inteligencia (CI), presidido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Este grupo estratégico estará integrado por la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), el INPE, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los órganos de inteligencia del Ejército, Marina y Fuerza Aérea del Perú.
El CI tendrá la función de centralizar la información operativa, diseñar estrategias contra el crimen organizado y dirigir la Coordinación Operativa Unificada, encargada de ejecutar acciones conjuntas en zonas críticas.
Comité de Fiscalización supervisará el cumplimiento del decreto de El Peruano
El Comité de Fiscalización (CF) será presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) e incluirá a la OSIPTEL, la PNP, el Ministerio Público, el INPE, la Superintendencia de Migraciones, la SUNAT, la SUTRAN, la ATU, y la DIRANDRO, entre otras instituciones.
Este comité fiscalizará el cumplimiento del decreto, coordinará operativos de control y decomiso, y elaborará informes públicos sobre los resultados durante la vigencia del estado de emergencia.
Comité de Comunicación Estratégica informará las medidas del Gobierno
El decreto también crea el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con la participación del IRTP y los miembros del Comité de Coordinación Operativa.
Su función será unificar el mensaje institucional del Gobierno, informar oficialmente sobre las medidas de seguridad y garantizar la transparencia de las acciones emprendidas durante los 30 días de emergencia.
Apagón en penales y control de visitas: medidas de seguridad penitenciaria
Uno de los puntos más relevantes del decreto es el control penitenciario, con el objetivo de interrumpir las comunicaciones ilegales desde los establecimientos carcelarios. Las principales disposiciones incluyen:
- Apagón eléctrico en celdas, manteniendo solo la iluminación básica.
- Restricción de visitas familiares: una por semana para el régimen cerrado ordinario y una cada quince días para el régimen cerrado especial.
- Destrucción de antenas ilegales cercanas a los penales, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Estas medidas buscan desarticular la coordinación delictiva desde el interior de las cárceles, un problema persistente que el Gobierno considera prioritario enfrentar.
Fuerzas combinadas PNP-FFAA asumen control territorial en Lima y Callao
El decreto de El Peruano encarga a las fuerzas combinadas —integradas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal— el control directo de la seguridad en zonas críticas. Entre las principales disposiciones destacan:
- Prohibición de dos personas adultas en motocicleta (categoría L3).
- Operativos de control de identidad en viviendas, locales y vehículos.
- Fiscalización de armas, explosivos y pirotécnicos ilegales.
- Control de insumos químicos usados para producir drogas.
- Búsqueda y captura de requisitoriados.
Además, se autoriza el establecimiento de campamentos temporales y patrullajes intensivos en distritos con mayor índice de criminalidad.
Medidas contra mercados ilegales y redes delictivas
El decreto dispone que el Comité de Fiscalización, junto con las fuerzas combinadas, ejecutará operativos integrales en mercados y zonas comerciales para enfrentar delitos como:
- Trata de personas y explotación laboral.
- Comercio ilegal de celulares robados y armas.
- Venta de drogas y estupefacientes.
Estas operaciones apuntan a desmantelar las estructuras económicas del crimen organizado que operan en Lima y el Callao.
Justicia inmediata y fortalecimiento de la flagrancia
El decreto refuerza las unidades de flagrancia del Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de acelerar los procesos judiciales contra delincuentes capturados en flagrante delito. Asimismo, se establecen protocolos de seguridad para jueces y fiscales que actúen en casos vinculados a organizaciones criminales.
Controles de confiabilidad y uso del polígrafo en funcionarios del INPE
Para asegurar la transparencia del sistema, el Sistema de Inteligencia Nacional aplicará pruebas de polígrafo a funcionarios del INPE y de instituciones involucradas en la seguridad penitenciaria. El objetivo es detectar filtraciones y corrupción interna, garantizando la integridad de las operaciones durante el estado de emergencia.
Decreto supremo entra en vigencia y lleva firmas del Consejo de Ministros
El Decreto Supremo que oficializa el estado de emergencia en Lima y Callao lleva las firmas del presidente José Jerí, del presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez, y de los ministros de Interior, Defensa y Justicia. Su publicación en El Peruano establece la vigencia inmediata desde las 00:00 horas, marcando un nuevo capítulo en la política de seguridad nacional.
