El pleno del Congreso inició el debate del informe final de la Denuncia Constitucional N° 302, formulada por la Fiscalía de la Nación, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López.
El informe final propone acusar al exmandatario por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión.
Además, recomienda acusar a Juan Silva Villegas, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, y a Geiner Alvarado López, en su condición de exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
Según reglamento del Congreso, el acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Parlamento, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente.
Además, durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación constitucional, el denunciado puede ser asistido o representado por abogado.
El encargado de sustentar la denuncia constitucional fue el congresista Diego Bazán (Avanza País).
