El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisará este miércoles 15 en audiencia pública virtual, los recursos de apelación de 17 solicitudes de vacancia y suspensión que involucran a autoridades regionales y municipales de diversas circunscripciones del país.
Uno de los referidos expedientes contiene la solicitud de vacancia contra el gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa, quien actualmente se encuentra suspendido de su función por cumplir prisión preventiva dictada por el Poder Judicial.
Asimismo, se verá las causas correspondientes a las solicitudes de vacancia contra los alcaldes provinciales de Pasco (Pasco), Contralmirante Villar (Tumbes), Tocache (San Martín) y Cutervo (Cajamarca); así como las suspensiones de las autoridades locales de Huaraz (Ancash) y Mariscal Nieto (Moquegua).
El supremo tribunal electoral verá, igualmente, las apelaciones referidas a las vacancias de burgomaestres de diversos distritos del país, entre ellos del distrito limeño de San Luis, David Ricardo Vladimir Rojas Maza.
En la audiencia programada para el miércoles 15 figuran, además, expedientes sobre autoridades de los distritos de Grocio Prado (Chincha, Ica), Talara (Piura), Chilca (Cañete, Lima), Megantoni (La Convención, Cusco), Independencia (Huaraz, Ancash), Julcamarca (Angaraes, Huancavelica), Pueblo Libre (Huaylas, Ancash) y Yaguas (Putumayo, Loreto)
Cada una de estas causas será revisada por los miembros del Pleno del JNE, las cuales quedarán al voto para, posteriormente, ser debatidas en sesión privada con el fin de emitir los respectivos pronunciamientos finales y definitivos dentro de los plazos establecidos por ley.
La audiencia será pública y transmitida en directo desde las 09:30 horas a través del canal JNE TV (516 de Movistar) y en las redes sociales de la institución.
El Pleno del JNE revisa permanentemente las apelaciones formuladas sobre todos los casos de vacancias y suspensiones de autoridades regionales y municipales elegidas por sufragio popular, con la finalidad de velar por la gobernabilidad democrática del país, en estricto cumplimiento de la función jurisdiccional que le confiere la Constitución.
