Líderes y lideresas de pueblos indígenas, comunidades campesinas, la sociedad civil y organizaciones ambientales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana se reunieron en Lima para participar del foro público «Extractivismo, crisis climática y corporaciones: territorios en resistencia», que se realizó, este viernes 12 de mayo, como parte de la campaña “¡Que paguen los contaminadores!”, espacio que articula las luchas y las demandas de las poblaciones afectadas por la actividad extractiva.
Durante el evento, los y las participantes compartieron sus experiencias y realidades, cuáles son las amenazas que afrontan día a día, y las estrategias para establecer mecanismos que acaben con la impunidad que recubre al poder corporativo, pero sobre todo hacer responsables a los contaminadores. En ese sentido, al final del encuentro, se hizo un llamado a las empresas y corporaciones, muchas de ellas multinacionales, así como al Estado, a remediar los daños causados a la vida, al territorio y al ambiente.
El pescador artesanal Elizar Medina Chávez, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Orilleros Costa Azul de Ventanilla (APAOCAV), destacó en su exposición que el problema de la contaminación generada por las empresas extractivas es un asunto no solo local, “sino regional y mundial”; y recordó que el desastre en Ventanilla, de enero de 2022, no es el único que han vivido. Desde 1996, cuando Repsol asumió como operadora de la Refinería La Pampilla, “hubo derrames en 2017; en 2013, el más grave; en 2011; y en años anteriores”.
En esa línea, sostuvo que la lucha por el derecho de tener un ambiente limpio pasa, también, por buscar el bienestar de las generaciones futuras, y criticó la falta de apoyo y de medidas por parte del Estado peruano. “El Estado parece estar de espaldas hacia nosotros. Es una constante en todos los países”, advirtió el dirigente, quien añadió que su organización viene trabajando en proyectos relacionados al cultivo de algas, para mitigar la contaminación del mar.
Luchas compartidas en la región
A su turno, Silvana Ceballos, de la Red de Superación del Modelo Forestal de Chile, cuestionó que el modelo de monocultivos forestales, por un lado, se muestra como “una industria verde, ecológica, sostenible, sustentable”, pero al mismo tiempo genera “una serie de impactos ambientales y sociales”, tales como la pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo, disminución de potencial hídrico en cuencas, riesgo de incendios de grandes magnitudes, desplazamiento de comunidades campesinas y condiciones laborales indignas.
“El eucalipto y el pino son especies de árboles altamente inflamables y arden a menor temperatura y más rápido; y generan incendios más grandes en comparación con las especies de un bosque nativo. La industria forestal concentra una de las especies más inflamables del mundo en un espacio pequeño. En febrero de este año, hubo un mega incendio en Chile. Se quemaron 400 mil hectáreas, casi una región entera y la mitad de otra, y cinco comunidades perdieron, en promedio, el 40% de su territorio”, manifestó.
Por su parte, durante su presentación, Norka Pareja, representante de Fuerza de Mujeres Wayuu, colectivo indígena del departamento colombiano La Guajira, denunció que la explotación, desde hace 40 años, de la mina de carbón El Cerrejón, la más grande de su tipo en América Latina y operada por la multinacional suiza Glencore, “ha causado el desplazamiento y la desaparición de muchas comunidades indígenas y afrodescendientes”.
“En este tiempo, más de 35 comunidades han sido desplazadas; solo nueve han logrado asentarse, pero las otras están fuera del territorio. Las pocas fuentes hídricas que tenemos en La Guajira están captadas por la mina; tampoco tenemos tierras donde cultivar, y muchos no tienen ni dónde vivir. Sentimos que la crisis climática está afectando más a La Guajira que en otras partes de Colombia y de América Latina justamente por todos esos factores”, señaló.
Los proyectos para la generación de energía eólica en la Guajira —convertida en epicentro de la producción de energía con molinos de viento— también han conllevado al desplazamiento y ruptura social de las comunidades, así como afectaciones ambientales, según Pareja. “Los pueblos han tenido que salir de sus territorios para que ocho empresas, en su mayoría alemanas, se instalen”, anotó.
La campaña “¡Que Paguen los Contaminadores!” fue lanzada en 2019, con el objetivo de concretar acciones para que las empresas y corporaciones responsables de la contaminación ambiental y la crisis climática sean sancionadas. Asimismo, procura encontrar vías alternas de reparación a las comunidades perjudicadas por las actividades y políticas extractivas.
DATO
En el 2013, la Refinería La Pampilla fue sancionada por un derrame de petróleo ocurrido también en el mar de Ventanilla. Según el informe del OEFA, la multa por este hecho ascendió a 66.9 UIT (254 220 soles al valor de la UIT de ese año) y la razones fueron que la empresa no controló ni mitigó eficientemente el impacto negativo generado en el mar, el cual tuvo una consecuencia inmediata en los sedimentos de la Playa Cavero. Además, presentó información inexacta sobre la cantidad de barriles de petróleo vertidos.
