Por: Raúl Sotelo Sung (SOSUNG)
A propósito de los indicios que ya están saliendo a la luz sobre actos de corrupción relacionado con los sobrecostos de contratación en las ayudas destinadas a la población afectada por el coronavirus en el Perú, la historia nos recuerda que el libertador venezolano aprobó una ley que buscaba acabar con los funcionarios que se apropiaban del dinero del Estado. ¿Se debería revivir la Ley Bolívar para acabar con esta lacra? Ustedes tienen la palabra.
Hace 196 años en Lima, Simón Bolívar firmó una ley para que la corrupción en la administración pública se tipifique como delito de traición a la patria y se castigue con Pena de Muerte. Además, pidió a la población que denuncie a los malos funcionarios que cometan ese delito.
Fue a través de un decreto de cuatro artículos que se emitió el 12 de enero de 1824. El primer artículo decía que “todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado, o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital”.
Bolívar dio esa orden cuando se encontraba en Lima para comandar la Batalla de Junín y justificó la pena de muerte para los corruptos argumentado que era el único medio para erradicar ese flagelo que “debilitaba la República”.
La norma aprobada por el libertador indicaba también que los jueces que no procedieran de acuerdo a lo decretado serían condenados a la misma pena.
“Todo individuo puede acusar a los funcionarios del delito que indica el Artículo uno”, señalaba el artículo tres, con el cual se exhortaba a la población a ser partícipes de la contraloría del erario público.
Finalmente, en el último y cuarto artículo, se ordena fijar el decreto “en todas las oficinas de la República”, así como su publicación y circulación.
El General Simón Bolívar, dio la pena capital contra los corruptos en su calidad de Dictador plenipotenciario del Perú y Presidente de Colombia.
Aplicar la pena capital en el Perú no es una decisión que se pueda aprobar en corto tiempo. Tiene que ser producto de un largo debate nacional y su aprobación final en el Congreso. Además, nuestro país tiene compromisos internacionales que le impiden aplicar esa extrema sanción. Para ello debe renunciar al Pacto de San José.
En Colombia se pidió retorno a la ley Bolívar
En Colombia, cansado de los actos de corrupción en su país, en el 2018 el contralor general de Colombia, Edgardo Maya, confesó en un acto público que debía revivir el decreto de Simón Bolívar de 1824 que castigaba con la pena de muerte a los funcionarios públicos corruptos.
En aquella ocasión el contralor colombiano dijo que, aunque era de pensamiento liberal, ante situaciones “tan graves” considera que vale la pena discutirlo.
