El expresidente Alejandro Toledo no asistió este martes, por segunda vez consecutiva, a la audiencia judicial de «control de requerimiento mixto» por lavado de activos tras haber sido extraditado de Estados Unidos.
El juez Richard Concepción Carhuancho anunció que daba cinco días hábiles al fiscal José Domingo Pérez y al representante de la Procuraduría para que subsanen los defectos técnicos, señalados por la defensa de Toledo y otros imputados, y le hagan llegar esas correcciones a su despacho.
Además, el magistrado le dará un tiempo a los abogados de los denunciados en el caso para que examinen los documentos.
La etapa de control del requerimiento acusatorio contra Toledo se retomará el próximo 12 de mayo, indicó el juez.
Al inicio de la sesión, el abogado de Toledo, Roberto Su, anunció al magistrado que su patrocinado «ha requerido que no va a participar en la audiencia» porque tenía que ser sometido a unas «revisiones médicas» en el penal de Barbadillo y por ese motivo había decidido no asistir.
Aunque el juez había pedido al abogado que Toledo se presente en la audiencia de este martes, aceptó la posición del exmandatario y pidió que se le diga que «siempre va a haber la disponibilidad del juzgado para que pueda conectarse a cualquier audiencia».
Concepción Carhuancho ya había señalado el lunes que, por tratarse de un control de acusación, fase previa al eventual inicio de un juicio oral, «no hay obligación» de que Toledo participe en las audiencias.
Medios locales informaron este martes que este proceso de control judicial de acusación puede extenderse durante un año y medio, aunque el equipo fiscal encargado del caso espera que dure unos meses.
En la primera audiencia, celebrada este lunes, el fiscal José Domingo Pérez admitió que deberá subsanar errores de forma en la acusación sobre el delito de colusión que ha hecho contra otros implicados en este caso.
Toledo, de 78 años, quien fue recluido durante la noche de este domingo en el penal de Barbadillo, es acusado por la Fiscalía de haber recibido un soborno de 35 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica Sur durante su Gobierno.
