La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que la reciente extradición de 29 líderes del narcotráfico a Estados Unidos obedece a la «corrupción» dentro del sistema judicial mexicano. En conferencia de prensa, destacó la importancia de las próximas elecciones para la magistratura, que según ella permitirán una renovación estructural del Poder Judicial.
«La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva», enfatizó Sheinbaum al ser consultada sobre si estas extradiciones pudieron haber sido parte de una negociación para evitar sanciones comerciales por parte del gobierno de Donald Trump. La mandataria resaltó que la posibilidad de que los ciudadanos elijan directamente a jueces y magistrados es un cambio positivo para México.
El proceso de extradición incluyó a figuras clave del crimen organizado como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, así como los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. Estas entregas se dieron en un contexto de presión internacional sobre México para fortalecer su lucha contra el narcotráfico y mejorar la seguridad fronteriza.
Sheinbaum también informó que se definirá pronto la fecha de su próxima conversación con su homólogo estadounidense, en el marco de las negociaciones bilaterales en materia de seguridad y comercio. Mientras tanto, altos funcionarios mexicanos, encabezados por el canciller Juan Ramón de la Fuente, han sostenido reuniones con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para abordar estrategias conjuntas.
Por su parte, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, explicó que la extradición se realizó bajo la Ley de Seguridad Nacional, justificando que las actividades delictivas de estos individuos tenían impacto en territorio estadounidense. Asimismo, destacó que se actuó con celeridad para evitar que los extraditados pudieran beneficiarse de acuerdos con jueces que podrían haber ralentizado o impedido su entrega.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, subrayó que esta decisión fue tomada por el Gabinete de Seguridad y que la presidenta Sheinbaum no intervino directamente en el proceso. «Fue una resolución colegiada basada en criterios de seguridad nacional», concluyó.
Este operativo refuerza el compromiso del Gobierno de México con el combate al crimen organizado y responde a los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial.
