Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, realizando al menos 2,681 arrestos en su primera semana de gobierno. Estas redadas se concentraron en urbes como Chicago, Denver, Los Ángeles, Miami, Phoenix y San Diego, afectando tanto a personas con antecedentes penales como a inmigrantes sin historial criminal.
Operativos migratorios en Chicago y Denver: los epicentros del debate
En Chicago, Tom Homan, zar fronterizo del gobierno de Trump, destacó la detención de individuos condenados por delitos graves, como asesinato y agresión sexual. Sin embargo, también se realizaron arrestos colaterales, afectando a inmigrantes sin condenas penales presentes durante las redadas. Las operaciones incluso podrían extenderse a espacios sensibles como iglesias y escuelas, tras la eliminación de restricciones anteriores.
En Denver, una redada en un club nocturno del condado de Adams llevó a la detención de 41 personas sin autorización migratoria. La DEA, que participó en la operación, informó que algunos de los detenidos tenían vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Además, se incautaron armas, drogas y dinero en efectivo, destacando la problemática del fentanilo en la región.
Impacto de las redadas en Los Ángeles, Miami y otras ciudades clave
En Los Ángeles, San Diego y Phoenix, también se llevaron a cabo operaciones conjuntas con la DEA y otras agencias federales. En Miami, Investigaciones de Seguridad Nacional colaboró en la identificación y arresto de individuos buscados por delitos graves o sospechas relacionadas.
Estas acciones han generado controversia entre los líderes locales. En Illinois, el gobernador JB Pritzker expresó su apoyo a la deportación de criminales violentos, pero cuestionó la detención de inmigrantes respetuosos de la ley. Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, afirmó que la policía local no participó en las redadas.
La Casa Blanca confirmó que estas operaciones continuaron en otros estados, incluyendo Louisiana, Nueva York y Washington. Aunque los funcionarios de ICE han enfatizado que su prioridad es la seguridad nacional, las críticas persisten debido a la falta de claridad sobre los criterios utilizados para los arrestos.
Con estos operativos, Trump inaugura una era de deportaciones masivas, poniendo a debate las políticas migratorias y sus implicancias para las comunidades inmigrantes en todo el país. Las ciudades afectadas se convierten en el epicentro de una discusión que trasciende fronteras y plantea preguntas sobre los derechos humanos y la justicia migratoria.