Los Ángeles, 2025 — Menos de 48 horas después de ser detenido en su lugar de trabajo, Juan Fernando, un joven de 23 años originario de la comunidad indígena zapoteca de México, fue deportado rápidamente a su país natal.
Juan y su familia vivían de manera irregular en Estados Unidos desde hace cuatro años. Su detención en Ambiance Apparel, una fábrica de ropa en Los Ángeles, ocurrió el pasado viernes, y la velocidad con que fue removido tomó por sorpresa incluso a sus propios padres, quienes no lograron contratar un abogado a tiempo para defenderlo.
Según relataron a un medio estadounidense, Juan fue entregado por las autoridades federales en un puente internacional y se le pidió que cruzara de regreso a México. Él pensó que había firmado un consentimiento para una prueba de coronavirus, pero posiblemente firmó su propia deportación. “La manera en que lo deportaron no fue justa”, comentó su padre Javier, quien pidió mantener su anonimato por su estatus migratorio irregular. “Mi hijo no tiene antecedentes penales, es un hombre tranquilo y trabajador. Exigimos justicia porque violaron sus derechos.”
Protestas y redadas migratorias en Los Ángeles: respuesta Comunitaria y despliegue militar
Las manifestaciones en Los Ángeles continuaron mientras el Pentágono anunciaba el despliegue de 700 Marines para apoyar a la Guardia Nacional. Abogados, activistas y familiares buscaban información sobre los detenidos. El canciller mexicano confirmó que al menos cuatro personas ya habían sido deportadas, una rapidez que sorprendió a varios grupos defensores de derechos humanos.
Aunque el gobierno estadounidense no ha divulgado el número total de arrestos, fuentes oficiales indicaron que las personas detenidas incluyen a individuos con antecedentes penales por delitos graves como robo, agresión sexual y posesión de drogas. Sin embargo, organizaciones que apoyan a los inmigrantes aseguran que más de 200 detenidos no tienen historial criminal.
Eva Bitran, directora de derechos de inmigrantes en la ACLU del Sur de California, denunció que muchos arrestos ocurrieron en lugares comunes de trabajo, como lava autos y tiendas Home Depot, afectando a quienes simplemente intentan vivir y trabajar en la ciudad.
Aumento de arrestos ICE y deportaciones diarias: estrategia migratoria del Gobierno
El gobierno de la administración anterior buscó intensificar las redadas para cumplir la promesa de deportar a un gran número de inmigrantes. En mayo, el objetivo era alcanzar 3,000 arrestos diarios. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó más de 2,300 arrestos diarios a comienzos de junio, cifra considerablemente superior a los 660 diarios de los primeros meses.
Este aumento se atribuye a la colaboración de múltiples agencias federales, incluyendo el FBI, la DEA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras entidades.
Dificultades en el acceso legal a detenidos ICE y redes de apoyo para inmigrantes
Abogados especializados en inmigración han enfrentado dificultades para acceder a los detenidos, quienes a menudo son trasladados rápidamente a centros alejados de sus familias. El grupo CHIRLA reportó haber recibido más de 120 llamadas de familias desesperadas y logró obtener información sobre un tercio de los arrestados.
Eliana Jung Hee Vermeulen, abogada que asistió a familiares de detenidos en Ambiance Apparel, denunció la falta de acceso para brindar representación legal y explicó que existe una coalición lista para ayudar, pero que la imposibilidad de contactar a los detenidos limita su intervención.
Redadas laborales y comunidades indígenas: impacto en trabajadores migrantes en California
La redada afectó especialmente a la comunidad zapoteca, un grupo unido con presencia histórica en el sur de México. La administración Biden había suspendido las redadas laborales y aclarado que la presencia irregular no era causa automática de deportación, pero la gestión actual retomó estas operaciones, justificándolas con investigaciones criminales.
El fiscal federal Bilal Essayli confirmó que agentes federales ejecutaban una orden de registro en la fábrica por un caso relacionado con documentos falsos de empleados. Tom Homan, ex funcionario encargado de la frontera, aclaró que la operación no era una redada migratoria típica, sino que estaba vinculada a investigaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y fraude aduanero.
Cuando se le preguntó si todos los arrestados tenían antecedentes penales, Homan respondió que no, y afirmó que la ley migratoria se aplicaría rigurosamente, incluso en ciudades consideradas «santuario».
Historias Personales y Demandas de Justicia para Inmigrantes Deportados en Los Ángeles
Carlos González presenció cómo arrestaban a miembros de su comunidad indígena. Su impotencia se refleja en el temor por sus familiares detenidos. Él y otros cinco familiares exigieron la liberación de sus seres queridos en una rueda de prensa frente a la fábrica.
El ministro de Relaciones Exteriores de México informó que dos de los deportados contaban con órdenes finales de expulsión y dos optaron por salir voluntariamente. Por su parte, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió respeto a los derechos humanos durante las operaciones y solicitó a los manifestantes evitar actos violentos.
Expertos en políticas migratorias indicaron que quienes cuentan con órdenes definitivas tienen pocas opciones legales, pues la administración simplemente está ejecutando decisiones previas.
Finalmente, organizaciones defensoras confirmaron que varias deportaciones ocurrieron el mismo día de los arrestos, una práctica considerada inusual por su rapidez.
