El Embajador de los Estados Unidos en el Perú, Krishna R. Urs, la Subdirectora Principal de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado, Kari Johnstone, y el Viceministro del Interior para Seguridad Pública, Víctor Raúl Rucoba, se reunieron para conversaciones de alto nivel durante el primer Diálogo Anual sobre la Alianza para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Perú-Estados Unidos (Alianza CPC), según la Alianza CPC firmada en 2017.
La Alianza CPC es un convenio desarrollado conjuntamente que se construye sobre los esfuerzos existentes en el Perú para perseguir y sancionar a los perpetradores de la trata de niños; identificar a las víctimas de esta trata y coordinar la provisión de servicios protectores integrales; y prevenir la ocurrencia de la trata de niños. Es la primera alianza de este tipo en la región.
En apoyo de esta alianza histórica, el Gobierno de los Estados Unidos inicialmente proporcionó US$5 millones para implementar a los socios Centro Yanapanakusun y Organización Internacional de Trabajo (OIT), y sus subreceptores Capital Humano y Social Alternativo (CHS) e Instituto de Defensa Legal, para llevar a cabo actividades en Lima Metropolitana, y las regiones de Cusco y Loreto.
El Gobierno del Perú se comprometió a proporcionar por lo menos ocho millones de soles y a incrementar el personal de las entidades miembros relevantes de la Comisión Multisectorial en apoyo de la Alianza CPC a lo largo del plazo originalmente planeado de cuatro años.
En un mayor reconocimiento de la importancia de esta colaboración, los Estados Unidos y el Perú convinieron en extender la Alianza de cuatro años en un año más, hasta junio de 2022. Para facilitar esta ampliación, los Estados Unidos está proporcionando US$1.7 millones adicionales a la Alianza CPC, concedidos a la OIT.
En su discurso durante el diálogo, el Embajador Urs anotó: “Hoy me complace anunciar la expansión de nuestra alianza con el Perú por otro año adicional y nuestra intención de aumentar los fondos en 1.7 millones de dólares para continuar nuestro trabajo hasta 2022 y expandir las actividades seleccionadas a Madre de Dios y Puno”.
“Junto con nuestro aprecio por los socios gubernamentales, quiero felicitar especialmente a nuestros socios implementadores, la Organización Internacional del Trabajo y el Centro Yanapanakusun, Capital Humano y Social Alternativo y el Instituto de Defensa Legal. Su compromiso es firme y transformador para las víctimas a las que asiste. Estados Unidos está comprometido a poner fin al delito de la trata de niñas, niños y adolescentes, y estamos con el Perú para hacerlo”, finalizó el Embajador Urs.
La Subdirectora Principal Johnstone también reconoció el significado del financiamiento adicional y ampliación del Convenio CPC diciendo: “Estoy también complacida de que nuestros gobiernos accedieran a la ampliación de un año de la Alianza y que nuestra Oficina comprometiera una financiación adicional de US$1.7 millones para apoyar esta ampliación y expandir actividades seleccionadas del programa para incluir funcionarios en Puno y Madre de Dios”.
Las conversaciones sobre el diálogo reiteraron la importancia de la Alianza CPC como una reflexión de la preocupación compartida que la trata de niños representa un impacto duradero y dañino para las víctimas infantiles, socava la seguridad y el estado de derecho, está a veces ligada al crimen organizado, facilita la corrupción y alienta a otras economías ilícitas.
Ambos gobiernos se comprometieron a trabajar colaborativamente en el Perú durante la duración del convenio, y a lograr políticas y prácticas sostenibles y mejoradas para lograr los objetivos de la Alianza CPC.
La Alianza ya ha dado fruto en la protección de las víctimas a través del establecimiento de cinco refugios para niños víctimas de la trata y explotación sexual en todo el país. La Subdirectora Principal de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado, Dra. Kari Johnstone, conmemorará este logro en Cusco el 10 de febrero con la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Gloria Montenegro.
