Gracias al programa “Fortalecimiento de la participación política de las personas con discapacidad”, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resultó ganador, con el puntaje más alto, en el concurso de Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva que organizó el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).
La iniciativa, impulsada por la Dirección Nacional de Educación (DNEF) del organismo electoral, recibió la calificación de 85.7 puntos en la categoría Participación política y social, en reconocimiento a las acciones que se realizan para promover la participación política de las personas con esas características.
En el concurso participaron una diversidad de entidades públicas, empresas privadas, personas naturales y organizaciones de la sociedad civil en las categorías: acceso a la justicia, arte y cultura inclusiva, comunicaciones, deporte, educación, empleo y emprendimiento, infraestructura, participación política y social, protección social, salud y transporte.
El programa ganador integra dos ejes principales, uno de los cuales es la generación de evidencia sobre la participación política de las personas con discapacidad, a través de la elaboración de reportes estadísticos; análisis de planes de gobierno de las organizaciones políticas; y fortalecimiento de las capacidades político-electorales, a través del desarrollo de los talleres de formación política “Igualdad en la Discapacidad”.
El segundo eje se refiere a la generación de espacios, como mesas de diálogo, con las organizaciones sociales de personas con discapacidad de todo el país, los cuales han permitido desarrollar iniciativas conjuntas.
El premio se entregará en acto oficial que se realizará el viernes 18 de noviembre, a las 15:00 horas, en el auditorio del Banco de la Nación, en San Borja.
Las acciones de la DNEF se desarrollan como parte del Plan Nacional de Educación Cívica Ciudadana 2021-2024, aprobado por Resolución N° 005-2022-P/JNE, que contempla como público objetivo a las personas con discapacidad a través de un trabajo articulado con las instituciones y organizaciones estatales y de la sociedad civil, que han permitido la efectividad de las acciones y su sostenibilidad a lo largo de los procesos electorales.
