El Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa de ley que sanciona con cárcel el acamparamiento y especulación de precios en las zonas declaradas en estado de emergencia, calamidad pública o conmoción (106 votos a favor, 18 abstenciones y 0 votos en contra).
El dictamen dispone sancionar con una pena de cárcel de dos a seis años al que abusa de su posición dominante en el mercado o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia.
«Queda clara la posición equivocada del Gobierno, buscando proteger los intereses económicos de algunos empresarios. Nosotros rechazamos la postura del presidente Vizcarra en observar esta ley”, mencionó José Luna Morales (Podemos Perú), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor.
El congresista, José Luna, indicó que el gobierno de Alan García derogó normas que protegían a los consumidores y gracias a ello se permitió la existencia de oligopolios y monopolios que generaron abusos en el mercado. «Que nunca más, un grupo económico juegue y abuse con la vida de los peruanos», puntualizó a nombre de su bancada: Podemos Perú.
El legislador José Luis Ancalle del Frente Amplio, sostuvo que el Ejecutivo no aprobó la ley porque está velando por los intereses de las empresas, no de los ciudadanos. «Se ha permitido que los costos se eleven hasta en un 300 %. El Estado no solo tiene derecho, sino la obligación de intervenir en salvaguarda de los actores más débiles del mercado como son los usuarios y consumidores«, dijo.
La parlamentaria Zenaida Solis, representante del Partido Morado, se refirió a los empresarios que han encontrado en la pandemia la oportunidad perfecta para acaparar. «Se defiende el libre mercado, pero no se observa cuando éste se deforma”. El Ejecutivo no encuentra fallas en el sistema. Los precios subieron 100 veces en emergencia, puntualizó.
De esta manera se estaría modificando el Código Penal peruano.
Anteriormente esta iniciativa había sido observada por el Gobierno, pues «vulneraba los principios que rigen la tipificación de conductas ilícitas».
