La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso eligió presidente de dicho grupo de trabajo al legislador Héctor Maquera Chávez, de Unión por el Perú (UPP), en reemplazo del legislador Edgar Alarcón Tejada (UPP).
Fueron 10 votos a favor y 5 en contra de designar a Maquera Chávez nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización para completar el período de sesiones 2020-2021.
Burga, Tocto, Pichilingue, Bajonero y Alonzo votaron a favor para que se consulte a la Comisión de Constitución si se debía reemplazar a Edgar Alarcón.
La decisión se tomó en cumplimiento del acuerdo de la bancada de UPP para que Alarcón Tejada deje su lugar como titular de dicho grupo de trabajo, quedando como titular su colega Maquera Chávez. El acuerdo de UPP fue aprobado en la sesión plenaria del 11 de marzo.
La elección del nuevo presidente se dio luego de un amplio debate en que también participó el propio Alarcón Tejada, quien planteó una cuestión previa para que la Comisión de Constitución precise el procedimiento para reorganizar una comisión ordinaria. El pedido fue rechazado.
Al intervenir en la sesión, el congresista Alarcón dijo que «levantaba su licencia por salud», la cual venía cumpliendo desde el 11 de marzo cuando informó a la Mesa Directiva del Congreso haberse contagiado del COVID-19.
Argumentó que si bien perdió su lugar como miembro titular de la Comisión de Fiscalización por acuerdo de UPP, esta posición le fue devuelta por Nueva Constitución, que lo designó su representante en dicho grupo de trabajo. En ese sentido, sostuvo que la decisión de cambiar al presidente es de los 19 miembros de la comisión no del vocero de una bancada ni de la Mesa Directiva.
El vocero de UPP, José Vega, intervino para pedir que se cumpla con el acuerdo político de todos los grupos parlamentarios, mediante el cual se otorgó a su bancada la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Cuestionó que se recurra a «artimañas» para demorar la votación.
También el congresista Maquera tomó la palabra para precisar que la razón por la cual UPP acordó que Alarcón dé un paso al costado fue por la acusación constitucional que pesa en su contra por su gestión como contralor general de la República.
Era la cuarta sesión que había convocado la Comisión de Fiscalización y Contraloría para votar el cambio en su presidencia.
