Familiares y miembros de la comunidad educativa realizaron un plantón en los exteriores del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, tras conocerse la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. La protesta busca respuestas sobre las medidas de seguridad adoptadas por la institución y mayores garantías para prevenir nuevos casos durante actividades, competencias y traslados escolares.
Caso Liceo Naval de San Borja: seis adolescentes tienen internamiento preventivo
El caso ya generó medidas judiciales. El Tercer Juzgado de Familia de Lima dispuso cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados, quienes fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Otros cuatro jóvenes quedaron en libertad mientras continúan las diligencias. Esta medida es cautelar y no constituye una condena definitiva.
Durante el plantón en el Liceo Naval de San Borja, manifestantes también pidieron que vuelva a debatirse la posibilidad de que adolescentes de 16 y 17 años involucrados en determinados delitos graves sean juzgados bajo un régimen más severo. Además, solicitaron cambios en las normas educativas para que los colegios tengan mayores herramientas para separar definitivamente a estudiantes cuando se acrediten hechos de especial gravedad, respetando el debido proceso.
Violencia escolar en Perú: piden cambios tras denuncia en el Liceo Naval
La denuncia también provocó decisiones dentro de la institución. La Marina de Guerra del Perú separó temporalmente a la directora, un docente y al entrenador de fútbol, mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido y las condiciones en las que se desarrolló el traslado de los estudiantes. Asimismo, organismos públicos han intervenido para solicitar que el caso sea esclarecido y que el adolescente denunciante reciba acompañamiento y protección.
El caso del Liceo Naval Almirante Guise vuelve a colocar en debate la violencia escolar en Perú, los protocolos de prevención, las sanciones en los colegios y la responsabilidad de adolescentes ante hechos graves. Mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar responsabilidades individuales, la protesta en San Borja mantiene sobre la agenda pública los pedidos de mayor supervisión, reglas disciplinarias más claras y respuestas rápidas frente a denuncias que involucren a estudiantes.
