La Procuraduría, a través de Judith Villegas, pidió detener preliminarmente a las personas implicadas en presuntamente favorecer a Sinopharm.
«Esta Procuraduría también ha pedido ante la Fiscalía se plantee, se requiera ante el juez de investigación preparatoria de turno, la detención preliminar contra todas estas personas indicadas, por el periodo de siete días dentro del cual la Fiscalía tendría que realizar las diligencias», declaró Villegas.
Entre los implicados se encuentran los miembros de la Comisión Multisectorial que se encargaron de adquirir las vacunas contra la COVID-19.
- Orestes Cachay Boza: Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e integrante del comité en donde recomendó la marca Sinopharm.
Alumnos de la UNMSM protestaron esta tarde, en los cruces de la Av. Universitaria y Av. Venezuela, exigiendo la renuncia de Cachay a su cargo y la del vicerrector, Felipe San Martín.
Es importante resaltar que el rector accedió a las dosis contra el COVID-19 sin participar de los ensayos clínicos.
A continuación la lista de las personas pedidas para la detención preliminar.
- Alejandro Bussalleu Rivera: Exvicerrector de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
- Jorge Jarama Alván: Exdirector de Ciencia y Tecnología de la Cancillería.
- Carlos Castillo Solórzano: Exrepresentante de la exministra Pilar Mazzetti.
- Tavera Salazar: Exrepresentante del Ministerio de Salud.
- Óscar Suárez Peña: Exrepresentante de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Germán Málaga: Jefe del equipo de ensayos clínicos de la UPCH que pidió el lote adicional de 2,000 dosis con la que se vacunó.
- Pilar Mazzetti: Exministra de Salud.
Los hechos enmarcados a estos personajes aplicaría en el delito de negociación incompatible (hasta 6 años de cárcel) o en el caso de Mazzetti (hasta 8 años).
«Artículo 399. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo: El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa» (Código Penal, p.363).
Con la detención preliminar, explicó, se podrán desarrollar «actos inaplazables y urgentes» orientados a lograr el esclarecimiento de los hechos frente a este presunta irregularidad.
La procuradora sostuvo que corresponderá a la Fiscalía tramitar el requerimiento ante el juez penal de turno, a fin de que la detención preliminar se materialice.
Unas 487 personas fueron vacunadas por fuera de los ensayos clínicos –no reclutadas como voluntarios–, entre ellas el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano mayor, así como las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.
